Cómo aplastar alternativas ecológicas a golpe de demandas (el caso de Carcaboso)
En los últimos meses si la política española se ha destacado por algo, ha sido por sus casos de corrupción. Algunos parecen derivados de la política de décadas pasadas, pero otros se dirigen claramente hacia formaciones nuevas y tienen toda la apariencia de ser un simple uso de la justicia para atacar a oponentes políticos, y de ese modo generalizar la idea de que “todos son iguales”, también los “pequeños” o los “alternativos al bipartidismo”. Pocas veces la opinión pública tiene el suficiente sentido común o se toma el tiempo necesario para distinguir los errores de gestión de los casos graves que orientan millones de euros de inversión pública hacia los intereses de los corruptores y que suponen el enriquecimiento ilícito de los corruptos.
Uno de los casos más alarmantes de este abuso de la justicia ha tenido lugar en un pequeño pueblo de Extremadura y, desgraciadamente, ha pasado desapercibido a pesar de su gravedad. Se trata del municipio de Carcaboso, en Cáceres. Su alcalde ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y ahora se enfrenta a una condena de hasta tres años de cárcel. El caso resulta más triste todavía por el hecho de que el encausado es un joven alcalde de un partido minoritario (Prex-Crex) que ha intentado paliar el desempleo de su pueblo con innovadoras iniciativas, convirtiéndolo en un referente nacional de agricultura ecológica y de creación de empresas de economía social y cooperativa.
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