Anselmo escribió
No enfocas bien la noticia, el asunto no es que en Alemania haya separación de poderes y en España no. No la hay ni en Alemania ni es España.
La cuestión aquí es que un juez tiene que realizar su función en base al código penal de su país. Por tanto la hipótesis de la supuesta prevaricación del juez Llarena carece de sentido , dado que los códigos penales aleman y español no son idénticos. Para empezar, en Alemania no existe el delito de rebelión, sino el de alta traición y resultará muy interesante leer la motivación que ha dado el juez alemán de su resolución, que seguro que estará tan bien motivada como la del juez Llarena de la suya.
De acuerdo con el código penal español resulta muy procedente imputar a los presuntos rebeldes por el artículo correspondiente.
......
No Anselmo, el que no enfocas bien la situación creo que eres tu.
Lo que han dicho en Alemania es que de los hechos aportados por el juez español "
no se puede inferir en ningún caso violencia"capaz de "doblar la voluntad" del Estado.
El delito de alta traición en Alemania castiga a quien "con violencia o con amenaza de violencia" trate de menoscabar la integridad de la República Federal de Alemania, totalmente comparable al delito español. Es por eso, por la casi total equiparación de la legislación de ambos países, que desde España se había dado por hecho que la justicia alemana fallaría a favor de la petición de extradición por rebelión.
https://www.elnacional.cat/es/politica/prensa-espanola-extradicion-puigdemont_254604_102.html Que era muy difícil de sustentar el delito de rebelión dentro de la legislación española era cosa era harto conocida por muchos juristas españoles (que así lo han manifestado), he incluso por parte del Fiscal General del Estado.
En palabras de Fiscal General del Estado Español al Diario El Mundo el pasado 17 de Setiembre:
"
Pregunta.- En el 9-N, la Fiscalía pidió casi 10 años por desobediencia y
prevaricación y el Supremo fijó dos años como máximo, ¿qué le parece que
unos hechos tan graves se salden así?Respuesta.- El problema es que en 1995 se suprimió el delito de sedición
impropia, que era esto mismo que está ocurriendo ahora de intentar retirar
del Estado español una parte de nuestra nación sin violencia ni actitudes
tumultuarias. Mi opinión es que eso supuso que decisiones contra la ley tan
graves como ésta quedaran con penas muy leves. Pero es lo que hay. Esa es
la ley yo ni la hago ni la reformo"
El fiscal erraba al referirse a que hasta el Hasta el Código Penal de 1995 existió la figura de la rebelión impropia, delito que no exigía el alzamiento público, pero tal delito se suprimió con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995, por lo que cabe preguntarse en qué forma ha interpretado el actual art. 472 CP cuando en el mismo se hace referencia de forma clara a la exigencia de alzarse pública y violentamente.
Pero aún más por aquellos que redactaron la ley en su día, que durante sus discusiones dejaron muy claro lo que se debía interpretar como delito. Durante la reacción del artículo hubo mucha controversia sobre la consideración de rebelión y el uso de violencia, por ejemplo el diputado Mohedano Fuertes (PSOE) sostenía que:
“
declarar la independencia de una parte del territorio nacional no es nada
ilegítimo ni nada que se persiga como delito, pero alzarse en armas, señor
Olabarría, públicamente, para declarar la independencia de una parte del
territorio nacional, eso así que es un delito de rebelión militar”.
La expresión del diputado socialista, que en aquellos momentos era el grupo político que daba apoyo al Gobierno del Estado no puede ser más diáfana “
declarar la independencia... no es nada ilegítimo que se persiga como delito”.
Mucho más expresiva todavía, fue la intervención del diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida –Iniciativa per Catalunya, Sr. López Garrido, que, justificando también que el concepto jurídico “alzarse
públicamente”, es equiparable a levantamiento violento, decía que:
“desde luego, cualquier grupo podría defender perfectamente, pública y democráticamente, que sería bueno que una parte del territorio español fuese independiente. Es algo que no está, en absoluto, prohibido por el sistema democrático, sino, por lo contrario, permitido.”
Y añadía que “
defender que una parte del territorio nacional o del territorio del Estado español deba ser independiente es absolutamente lícito, incluso estoy seguro de recordar que nuestro país ha firmado los pactos de Nueva York, donde, entre los derechos que se reconocen, aparece el derecho de autodeterminación de los pueblos. Eso aparece dentro de los pactos de Nueva York, que han sido firmados por el Estado español y por muchos otros países.
Dentro de nuestro sistema democrático es absolutamente posible hacer una defensa con cualquier finalidad, siempre que se haga pacíficamente y ateniéndose a los resultados de los procesos políticos democráticos”.
Más explícito era el diputado del Grupo Parlamentario Vasco que viéndoselas venir decía:
“
yo quiero que se consagre en este momento, en virtud de la interpretación auténtica, la interpretación del legislador, que quien proclame públicamente en un mitin, en cualquier circunstancia política; la independencia de una parte del territorio nacional no sea comitente, por esa misma razón, de un delito que en este momento se considera como delito de rebelión, con la relevancia, con la importancia y cono la consecuencia punitiva que un delito como éste tiene” y añade que el que pide es que “se aclare la hermenéutica, la interpretación de este precepto. Esa es la interpretación que nosotros pretendemos y ninguna de las argumentaciones que se han hecho hasta ahora proveen de la suficiente seguridad jurídica a la interpretación de este precepto que mí Grupo Parlamentario proclama”.
La discusión siguió intensa hasta que registró un giro interesante con la intervención del diputado del Grupo de Coalición Canaria Sr. Olarte Cullén, que después de solicitar a la Comisión que hiciera esfuerzo para delimitar y precisar mejor en el tipo de rebelión acaba diciendo: “
¿qué trabajo nos
cuesta, señor Presidente, el definir el alzamiento precisamente en función de la violencia y de la fuerza, que son unos elementos, con lo cual se despejaría cualquier problema y pacíficamente daríamos solución a esta cuestión?”
La propuesta del Diputado canario hizo fortuna, y dio lugar a la presentación de una enmienda transaccional “in voce” del diputado del Grupo Parlamentario IU-IC Sr. López Garrido, expuesta en los siguientes términos:
“
Señor Presidente, a mí no me cabe duda alguna de que la expresión que
hay en el artículo 451 indica una rebelión de carácter violento. Un
alzamiento público y violento se algo que está absolutamente admitido así.
Pero, en aras de que quede totalmente claro, nuestro Grupo Parlamentario
va a plantear una enmienda transaccional, en donde se diga en el primero
párrafo lo siguiente: «Son reos del delito de rebelión los que se alzaran
violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: ... » Con
esto creo que quedaría absolutamente satisfecha la preocupación de los
señores Olabarría y Olartículo”
La enmienda fue ampliamente acceptada, incluso por parte del representante del Partido Popular, el
Sr. Bueso Zaera, que decía:
“Señor Presidente, también para adherirnos a la enmienda transaccional
presentada por el señor López Garrido y decir que, anteriormente, cuando
hemos manifestado lo que entendía mí Grupo por rebelión, precisamente
hemos dicho claramente que se trata de un sujeto plural, colectivo y que no
es la rebelión de una sola persona, aunque sea indiferente el número de
personas, sino de un número lo suficientemente relevante en orden a
conseguir los fines fijados en el tipo y, por tanto, creo que la enmienda es
muy acertada, porque alzarse equivale a levantarse desobedeciendo o
resistiendo colectivamente a alguien, y, en este caso, ¿a quién? Al poder
legítimamente constituido”
La discusión se traslado a sede parlamentaria del Congreso para ser discutida más ampliamente a petición del representante del Partido Socialista. El Congreso se reunió el 5 de Julio de 1995 y en ella intervinieron:
Por ERC, Pilar Rahola:
“...nosotros consideramos un avance sustancial y un éxito democrático
que, finalmente, el polémico artículo plantee que sólo será delito de rebelión
aquel que se hace con violencia y públicamente para declarar la
independencia de lo que llama una parte del territorio…/… Evidentemente,
nosotros queremos recordar desde Esquerra Republicana, y también desde
el sentido democrático, que n
uestro objetivo final es precisamente que el
Parlamento catalán, sede de la soberanía del pueblo catalán por mayoría,
y por tanto desde el sentido democrático, algún día ejerza el derecho a la
autodeterminación (derecho, por cierto, que el 12 de diciembre de 1989 ya
fue votado por el Parlamento de Cataluña) y declare a Cataluña como un
Estado independiente. Ello por vía democrática tiene que ser posible
hacerlo…”
Por parte de IU-IC decía:
"“...varios grupos parlamentarios mostraron su inquietud por el hecho de
que posiciones políticas independentistas pudieran no verse albergadas en
el interior del sistema político español, naturalmente cono su expresión
pacífica o democrática, y que pudieran incluso verse amenazadas por este
artículo 451. Esa fue la razón por la que, en ese debate,
el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña planteó una
enmienda transaccional que todos los grupos (en ese momento el Grupo
Socialista se reservó su opinión hasta este Pleno) consideraron adecuada,
y es la de que
al carácter de público del alzamiento se añada el carácter de
violento, para que sea considerado, por tanto, como un delito de rebelión.
Ese fue el sentido de nuestra enmienda, que en ese momento no se presentó
a votación para lograr el máximo consenso en este Pleno. Creemos que fue
positiva la discusión y que no se presentase a votación porque la oferta que
se ha hecho de una enmienda transaccional, en la línea de la que en su
momento presentó Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña en la
Comisión, creo que va a suscitar un consenso bastante amplío en este
Pleno, ya que
son cuatro grupos los que presentan esta enmienda
transaccional: Catalán, Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, Socialista
y Grupo Mixto. Esperemos que otros grupos se sumen también a esta
redacción en el sentido de que se entienda que son reos de rebelión los que
se alzaren con violencia y públicamente para cualquiera de los fines que
se establecen en el artículo 451.
Creemos que queda claro que cualquier
posición política que pretenda, pacífica y democráticamente, la
independencia de una parte del territorio del Estado español, o que
plantee, pacífica y democráticamente, el derecho de autodeterminación
(por cierto, el derecho de autodeterminación de los pueblos es algo que
está aceptado en nuestro ordenamiento jurídico porque forma parte del
mismo el Pacto de Nueva York de 1967, ratificado por España y que
consagra el derecho de autodeterminación de los pueblos); estos
planteamientos, repito, caben en el sistema político español siempre que
sigan los cauces constitucionales. Esta nueva redacción sitúa
adecuadamente, sin ningún tipo de inquietud para los grupos políticos, esa
posibilidad. Por eso, nosotros vamos a apoyar el hecho de que se considero
delito de rebelión sólo aquel que signifique alzamiento público y también
con violencia, que tiene, por tanto, un sentido de localización de la fuerza
organizada, pública y colectivamente. Esa es la interpretación que hay que
dar al delito de rebelión.”.
Posición que apoyó el Partido Socialista y el representante del Partido Nacionalista Vasco.
Por parte del Partido Popular, el Sr. Padilla Carballada, a pesar de que su grupo había
apoyado la enmienda transaccional integrada en la Comisión de Justicia e
Interior, empezó a distanciarse de una solución acordada por todos los grupos
de la Cámara, intentado diferir el debate al Senado diciendo que:
“
en este momento no tenemos un criterio definido ni definitivo en relación
con esa enmienda, enmienda a la que, al parecer, le llevan dando vueltas
muchos días y que hoy ha aterrizado en el hemiciclo para una
consideración, a nuestro juicio, muy apresurada”, para acabar proponiendo:
“que es bueno que dediquemos algunos días de reflexión hasta que en el
Senado podamos legar a una conclusión definitiva”.
A continuación se entró en un debate en el que el Partido Popular, en boca de el Diputado Sr.
Trillo-Figueroa Martínez-Conde acabó de concretr su posición en los siguientes términos:
“Para el proyecto -que es el que se va a someter a votación porque no hemos
aceptado la transaccional, no porque ejerzamos ningún veto- se
consideraba y se considera delito de rebelión a los que públicamente se
alzaren para conseguir cualquiera de los siguientes fines, y específicamente
declarar la independencia de una parte del territorio nacional. La
enmienda transaccional pretende que sólo sea delito la declaración, por
ejemplo, por una institución de la independencia de una parte del
territorio nacional cuando sea con violencia, lo cual obviamente es un
añadido que difícilmente se produce en un debate en una institución
asamblearia o parlamentaría si se somete a reglamento. En definitiva -y
termino, señor Presidente-, nosotros seguimos pensando, como pensaba el
Gobierno y su Grupo Parlamentario hasta esta tarde, que declarar la
independencia de una parte del territorio nacional debe ser delito. Ustedes
parece que no piensan igual y ser los que debieran explicarlo. Gracias”.
En el Senado la Ponencia encargada del examen de la enmienda emitió el siguiente
dictamen:
“
Artículo 464 : La Ponencia acuerda desestimar, por mayoría, la enmienda
número 217, del G.P. de CiU y, por unanimidad, la enmienda número 259
de la Sra. Boneta Piedra. La Ponencia resuelve, en cambio, incorporar por
mayoría, cono lo voto favorable de los Ponentes del G.P. Socialista y del
Ponente del G.P. de CiU, y lo voto en contra de los Ponentes del G.P.
Popular, lo propuesto en las enmiendas números 29, de los Sres. Martínez
Sevilla y Nieto Cicuéndez, 216, del G.P. de CiU., y 87, del G.P. de P.N.V.,
con la redacción literal de esta última, por lo que el párrafo inicial del
artículo queda redactado así: «Son reos del delito de rebelión los que se
alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:».
El resto del precepto se aprueba cono la redacción remitida por el Congreso
de los Diputados.”
A partir de este momento, el artículo 464 quedaría redactado de la siguiente
manera:
“
Artículo 464. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y
públicamente para cualquiera de los fines siguientes:
1º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
2ºDestituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultadas
al Rey o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un
acto contrario a su voluntad.
3º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
4º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado
o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir
que se reúnan, deliberan o resuelvan, arrancarles alguna resolución, o
sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias
5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
6º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de
una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno
o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus
miembros de sus facultadas, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, uno
obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
7. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.”
Con este articulado pasó a la Comisión de Justicia del Senado donde el Partido Popular representado por el Senador Don González Pons dijo:
"“Ahora bien, la legalidad constitucional hasta hoy y la doctrina han
distinguido dos formas diferentes de la acción de rebelarse: la rebelión
propia y la rebelión impropia. La rebelión propia estaba constituida por el
artículo 214 del Código Penal -por el actual 464-: era lo alzamiento
público para conseguir alguno de los finas rebeldes. La rebelión impropia
era la del artículo 217.1 del Código Penal vigente, que dice: Serán
castigados como rebeldes los que sin alzarse públicamente cometieren, por
astucia o por cualquier otro medio contrario a las leyes, alguno de los
delitos comprendidos en el artículo 214. Este artículo ha desaparecido del
Código. Hasta ahora el 214 preveía la rebelión violenta y el 217.1 la
rebelión impropia, es decir, la rebelión no violenta, la rebelión por astucia,
por lo que al desaparecer el artículo 217.1 debíamos considerar
necesariamente en el 464 incluidas la rebelión propia, el alzamiento
público, y la impropia, la rebelión por astucia, la rebelión sin violencia.
Incluyendo el término «violencia» en el artículo 464 sus señorías han
eliminado del Código Penal la rebelión impropia, la rebelión que se
practica sin violencia. La naturaleza penal de una y otra es la misma:
conseguir por medios no democráticos un fin contrario al orden
democrático, quebrar el ordenamiento constitucional sin seguir los
mecanismos de reforma previstos en la Constitución. Señorías, la
diferencia entre la rebelión propia, con violencia, y la rebelión impropia,
sin violencia, radica en las características formales de su ejecución; en uno
caso, el alzamiento público presupone un ejercicio de fuerza: es la rebelión
propia, una coacción visible, pero en otro, en la rebelión impropia, la fuerza
o la coacción no tiene por qué ser visible y podría incluso no existir,
produciéndose el delito simplemente por astucia y sin violencia.”
Cometiendo en su discurso algunos errores graves, como la afirmación de que la llamada “rebelión impropia” fue introducida por el legislador español en la reforma del Código Penal hecho
por la Ley Orgánica 2/1981 (dice “ese legislador de 1981, ese legislador de un mes después del intento de golpe de Estado, fue el que incluyó el tipo de rebelión propia y el tipo de rebelión impropia”), cosa absolutamente incierta, puesto que nació en el Código Penal del 1848, es decir, desde hace muchos años. La rebelión impropia del artículo 217.1 del CP de 1973, era aquella que se producía sin “levantamiento
público”, es decir sin violencia, y mediante “astucia o cualquier otro medio”.
Aun así, la doctrina ya hacía tiempo que advertía que este tipo había quedado sin contenido, desde un Decreto del 7 de junio de 1850 que introdujo el tipo del ”atentado impropio” . Por otra parte la argumentación era incoherente, dado que, si según el invocado artículo 217.1, la rebelión impropia presuponía la inexistencia de levantamiento, difícilmente se podría incluir en la redacción
inicial del delito de rebelión del proyecto de Código Penal, puesto que ésta hacía expresa referencia a la existencia de levantamiento como elemento constitutivo del tipo. Por ello, toda la argumentación del Senador Don González Pons, que gira entorno del hecho que la incorporación de la expresión “violencia” excluye la rebelión impropia, era absolutamente inconsistente, puesto que el que la excluye es la referencia explícita a la existencia de levantamiento.
Y fue contestado por el representante del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Don Arévalo Santiago de la siguiente manera:
"“La única diferencia es sistemática, ya que el Código Penal vigente regula
ambos delitos como delitos contra la seguridad interior del Estado,
terminología que ha sido sustituida en el vigente proyecto de Código Penal.
La rebelión lleva unas características concretas, y ésa no ha sido discutida
nunca, que es el alzamiento. Si el aplicar o no otro término más: la
violencia, reconoce el representante del Grupo Parlamentario Popular que
es lo mismo en cuanto que no modifica la definición de alzamiento, podría
-y así lo he entendido- querer excluir ese término «violento» por cuanto ni
pone ni quita nada, puesto que estamos hablando de la rebelión propia, ni
quita ni pone nada, siempre sería exigible la violencia, según entiendo,
Pues, si es así, si ni quita ni pone nada, qué más da que se haya puesto. Saco
la conclusión de su propia defensa.
¿Por qué se ha puesto? Porque se
suscitaron dudas, ya en el debate en el Congreso -y así se ha recogido en la
Ponencia- para que quedara definitivamente aclarado que el alzamiento
lleva como consecuencia la violencia. Para mí no había dudas antes pero,
por lo visto, algunos sí la tenían y necesitaban encontrar un término que
definitivamente aclarara eso. Yo no lo necesitaba. Si el alzamiento
«violenta y públicamente», como queda ahora en el texto de la Ponencia y
como espero se mantenga hasta final en el proyecto de Código Penal que
estamos debatiendo, si eso ha eliminado algunas dudas que se podían
producir, bienvenido sea el término, puesto que no hemos modificado para
nada el concepto general de rebelión.
Pero merece la pena que se aclare
algo más. Si pudiera existir la duda de que uno Parlamento Autonómico
no pudiera manifestar su aspiración, a efectos retóricos, a efectos de deseo
-lo que encaja dentro del número 5 del artículo 464- queda, de esta
manera, definitivamente aclarado. La aspiración, el deseo, la búsqueda de
un cambio, incluso constitucional, como ha defendido el Senador
González Pons, es lícito, no entra de ninguna manera en el concepto de
rebelión. Ésa es una actitud que puede adoptar o un Parlamento
Autonómico o cualquiera que tenga aspiraciones de ese tipo. Por tanto,
considero que la incorporación de la enmienda, que habían presentado
varios grupos parlamentarios en el texto que ha salido de la Ponencia,
aclara el concepto general de rebelión y nos permite que, con tranquilidad,
podamos atribuir a este delito todos los requisitos que el propio concepto
de rebelión históricamente ha venido atendido.”
Sometida a votación separada la modificación del artículo 464 que introducía la expresión “violenta” como calificadora del levantamiento público constitutivo del delito de rebelión, fue aprobada por 18 votos a favor y 14 en contra para continuar su tramitación.
En el Pleno del Senado el Senador Don González Pons defendió su voto particular con un argumentario idéntico al que ya hemos visto que desarrolló a la Comisión de Justicia e Interior. Y fue contestado en los siguientes términos por el Senador Don Arévalo Santiago del Partido Socialista Obrero Español:
"“Pero la preocupación del Grupo Parlamentario Popular ha surgido al
identificar el nuevo término con el punto 5 - el señor González Pons
también lo ha dicho -, que señala: «Declarar la independencia de una parte
del territorio nacional.» ¿Habría sido lo mismo si la incorporación de este
término «violenta», hubiese sido como consecuencia de un debate
producido con alguno de los otros seis puntos del artículo precisamente
porque se trata del número 5, el de declarar la independencia de una parte
del territorio nacional?
Me parece que ahí las traiciona el subconsciente y
echan mano de un peligroso antagonismo: el de la unidad y el separatismo.
Y les doy uno dato a mayores: su enmienda 740, al artículo 576, intenta
incluir el término «tropas separatistas» en el delito de traición. Por ahí es
por donde pienso que las traiciona el subconsciente."
"
En el Congreso, el Grupo Parlamentario Vasco pidió suprimir el número 5.
Si hubiera sido suprimido, objetivamente, me parece que a efectos de
tipificación del delito no hubiera pasado nada, porque esa conducta, la del
número 5, está incluida en el número 1: «Derogar, suspender o modificar
total o parcialmente la Constitución.» Es mejor que no se hubiera
suprimido, y también es mejor que se incluya el término «violento»,
caracterización general del delito de rebelión. Así lo ha entendido el Grupo
Parlamentario Vasco y todos los demás Grupos en el Congreso de los
Diputados, y también me parece que lo van a entender en el Pleno de esta
Cámara.
Nadie discute el contenido constitucional al definir el delito de
rebelión. Tampoco se puede tolerar desviar la atención y alimentar la
confusión. Estamos diferenciando el alzamiento, la rebelión, de la
declaración pacífica, que incluso puede quedar afectada de vicios de
nulidad constitucional, pero que no se una conducta delictiva.”
"
No es delito manifestarse partidario de la independencia de un territorio,
ni la aspiración a conseguirlo, ni la declaración a buscarlo. Todas esas
cosas no lo son, y su señoría está de acuerdo conmigo en que eso no es
delito. En cambio, es delito alzarse violenta y públicamente para declarar
la independencia. Ése es el delito de rebelión. Puede resultar fácil, aunque
no tenga, a mí juicio, suficiente apoyo jurídico, esta peligrosa dicotomía
enunciada. Al fin y al cabo es un grave populismo que hasta podría contar
en algún momento con algún titular. No se ha consumado ningún error
contra la Constitución, que sigue vigente, incluido el artículo 2.
La rebelión
no se comete declarando, promoviendo o defendiendo pública y
políticamente a la independencia, sino alzándose pública y violentamente
para ello. El que proponga, provoque o conspire para conseguir el
alzamiento violento sí que está cometiendo un delito. El Código Penal
defiende también el Estado de las Autonomías, y lo está defendiendo en
numerosos artículos. En ninguno de ellos se ha olvidado situar las
instituciones autonómicas en el lugar que las corresponde; en ningún sitio se nos ha olvidado. Eso forma parte también de la defensa del Estado de las
Autonomías, que no es entrar en el debate que su señoría nos ha querido
plantear inteligentemente.
El llamamiento a un nacionalismo exclusivista
español ignora el esfuerzo de la Constitución de 1978; el esfuerzo de
reconocer uno marco propio cuya defensa se garantiza con el nuevo
Código Penal. Señorías, estoy defendiendo el equilibrio del texto
constitucional y rechazando interpretaciones sesgadas o absurdas del
artículo 464 del nuevo Código Penal, que queda redactado en los términos
más precisos para unos y para otros; identificado con la tipificación que se
quiere hacer de este delito, con los criterios más garantistas y más seguros
en la interpretación clarísima que se tiene que hacer ahora y en el futuro.”
Finalmente, este fue el texto aprobado por el Senado (DOCG – Senado – 8.11.1995) con la única diferencia que ahora pasaba a ser el artículo 474.
El juez sabe, por tanto, perfectamente lo que quiso legislarse y lo que quiso evitarse que fuera calificado de delito. Y sabe por tanto que ha realizado una interpretación torticera de la ley, motivo por el cual puede ser acusado de prevaricación. Me quedo con la frase del Senador del PSOE: "Estamos diferenciando el alzamiento, la rebelión, de la
declaración pacífica, que incluso puede quedar afectada de vicios de nulidad constitucional,
pero que no sea una conducta delictiva.
Cerrado
porque ya veía que si otro juez se miraba la causa no vería por ningún lado el "supuesto" y eso afectaría a la causa global en España.